Cuba enfrenta a la UE y Estados Unidos

El anuncio de la aplicación de la ley Helms-Burton, por parte de la administración Trump, sobrevuela FitCuba 2019, la Feria anual de turismo que se inicia este  lunes en La Habana. El recinto ferial se convertirá en un termómetro sobre las consecuencias de esta medida que permite a ciudadanos estadounidenses, también a cubanos nacionalizados, demandar a compañías con negocios en propiedades que fueron confiscadas tras el triunfo de la Revolución Cubana.

Un nuevo intento del gobierno estadounidense para ahogar económicamente a la isla, que ha encontrado en el turismo un renovado motor económico, especialmente desde el acercamiento promovido por el anterior inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama.

Nadie sabe como puede afectar esta medida, ni en qué ámbitos. Algunas cadenas hoteleras aseguran que no son propietarias de propiedades confiscadas, pero una lectura estricta de la normativa estadounidense, podría suponer que aunque se gestione una empresa de forma indirecta, podría incurrir en una ilegalidad. También es cierto, que para reclarmar hay que estar registrado en la oficina de reclamaciones, y muchos expropietarios no lo están.

Actualmente el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba del departamento de Justícia, tiene un registro ‘certificado’ de unas 5.900 reclamaciones procedentes de multinacionales de ese país como Coca Cola, Exxon, Dupont, Texaco, Colgate o Goodyear. El valor estimado de las propiedades expropiadas sería de unos 8.500 millones de dólares.

Varias familias del exilio cubano, que registraron unas 200 propiedades o empresas en un registro actualizado el 24 de abril, tienen preparadas sus demandas. Los Sánchez Hill han identificado cuatro hoteles de Melià y Blau, los Cantero reclaman varias propiedades en Varadero y la sociedad Hicacos Holdings LLC, demandan terrenos en la península de Hicacos. Algunos de ellos ya han anunciado que estarían dispuesto a aceptar un acuerdo con las empresas españolas. Eso supondría también reconocer que habrían traficado con propiedades cubanas.

La mitad de los proyectos de inversión en Cuba proceden de países de la Unión Europa, especialmente España y Francia. Nuestro país es el principal inversor en sectores como el turismo con empresas como Meliá, Barceló, Iberostar, NH, Blau, Globalia, Roc o Sercotel. El gobierno español ha declarado su firme respaldo a las empresas nacionales legalmente establecidas en el país caribeño. Las compañías invierten unos 300 millones de euros anuales en la isla, y Cuba es el país número 53 en el volumen de inversiones españolas. De momento, las firmas afectadas han defendido que al no ser propietarias de esos bienes inmuebles, sino meras arrendatarias, deben quedar fuera de cualquier demanda en los juzgados norteamericanos.

La Comisión Europea ha rechazado la aplicación del Título III de esta ley y ha anunciado que podría tomar medidas contra los bienes que los demandantes puedieran tener en la UE. Eso podría hacer que muchas multinacionales duden ante la posibilidad de que puedan perder más que lo que puedan ganar en su batalla legal. Según la legislación europea, una cadena hotelera que fuera demandada por Estados Unidos, puede reclamar daños en un tribunal europeo de los bienes que la misma cadena estadounidense tenga en Europa.

Rusia, Israel y otros países asiáticos también tienen una fuerte implantación en sectores como el transporte y los servicios. Cuba se suma a la lista de tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras imponer aranceles, la retirada del Acuerdo de París sobre cambio climático y la ruptura unilateral del pacto con Bruselas sobre Irán.

Bruselas alerta a Washington que usará todos los medios a su alcance para frenar estas medidas y estudia presentar una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ley se publicó  en 1996, durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, aunque  decidió prorrogar su aplicación a cambio de que los europeos, canadienses y otros países retiraran las demandas que habían presentado en el organismo internacional. Una prórroga que se ampliaba cada seis meses, hasta que el actual presidente Donald Trump ha decidido cambiar esos acuerdos.

El anuncio de la aplicación de la ley Helms-Burton, coincidió con el aniversario de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y con el anuncio de aplicar más embargos a Cuba. Algunos observadores señalan que la medida tiene puestos los ojos en las presidenciales de 2020, en las que Trump busca la reelección y quiere conseguir una parte importante del voto de excubanos en Florida. Una comunidad que reclama el endurecimiento de la política hacia Cuba.

Otro efecto es el alejamiento de inversiones extranjeras en el país latinoamericano, que necesitaría inversiones extrtanjeras de unos 2.000 millones de dólares. El gobierno cubano quiere impulsar el desarrollo de sectores como el turismo, la industria biotecnolócia y farmacéutica, la energía renovable y la exportación de servicios profesionales.

Donald Trump también ha vuelto, estos meses, a imponer límites a los viajes de estadounidenses a la isla, permitiendo solo las visitas familiares y reduciendo las remesas a 1.000 dólares cada tres meses, en un intento de ahogar todavía más la frágil economía de la isla, que ha perdido una parte de su ayuda exterior con la crisis económica y política de Venezuela.

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