«Estamos cediendo a mercenarios la soberanía militar»

Entrevista a José Luis Gómez del Prado, relator de la ONU sobre regularización de empresas privadas de seguridad internacional

El número de mercenarios aumenta de forma descontrolada en el mundo. José Luis Gómez del Prado, es relator del grupo de trabajo de la ONU sobre la regularización de empresas de defensa privada.  Junto con Elena Torroja han publicado el libro «Hacia la regularización internacional de las empresas de militares y seguridad privadas.

En su informe alerta de que «los países han dejado parte de su soberanía militar a empresas de seguridad privada y nadie las controla». Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea son los que ponen más dificultades para controlarlas. Mueven unos 200 millones de dólares anualmente y muchos de sus directivos son exmilitares que tienen fácil acceso a los ministerios de defensa.

Ángela Gonzalo.- En los últimos años se han multiplicado las empresas de defensa personal. Un negocio muy lucrativo por cierto. ¿Son compañías muy difíciles de controlar desde instancias internacionales?

José Luis Gómez del Prado.- Son muy complejas primero porque son transnacionales. Es decir,actúan más allá de las fronteras, son multinacionales y operan en todo tipo de seguridad, como una simple empresa de seguridad de una industria o de edificios, hasta la seguridad que ofrecen a los generales, a los administradores norteamericanos en Iraq, o al presidente de Afganistán. A Karzai no se lo vigilan los militares norteamericanos, si no estas empresas militares de seguridad y militares privadas. En Iraq, me chocó ver a coroneles que iban respaldados por guardianes que estaban armados hasta el tope y daban seguridad a un militar.

A.G.-  Hasta hace poco esta interrelación entre militares y mercenarios parecía imposible

JL.G.P.- Es que va en contra de la soberanía del estado. Hemos tardado más de tres siglos en conseguir la soberanía de los estados. Las democracias europeas y occidentales se basan en que no nos armamos individualmente y no luchamos unos contra otros, porque tenemos un ejército que es al que le hemos dado ese contrato y ellos son los que aseguran y protegen a toda la población y a las instituciones democráticas. Estamos ahuecando el estado de bienestar y de soberanía, dando esas funciones, que son inherentes al estado, a estas empresas privadas porque es un negocio. Eso comenzó con la guerra de Afganistán e Iraq y el Pentágono y el departamento de estado protegen con mercenarios a sus propios diplomáticos. No es la CIA la que protege a sus diplomáticos, son estas empresas militares de seguridad privada.

A.G.-  No sólo a los militares, sino a organizaciones internacionales como la ONU e incluso ONG ¿estos organismos tambien contratan a estas empresas?

JL.G.P.- Es un problema añadido porque todas estas organizaciones tienen que desplegarse sobre el terreno y no tienen seguridad. Deberían recibirla de los Estados pero no les quieren dar militares. Porque como los pueden matar como ocurrió en Somalia, entonces ellos no quieren tener bajas militares, y así no tienen que dar explicaciones a sus ciudadanos. Pero la contratación de estas empresas hace que dentro de la ONU haya presiones. Si tienen que hacer operaciones humanitarias, distribución de comida o de convoyes, tienen que estar protegidos. Los países miembros no se la dan y entonces tienen que privatizar o externalizar esos contratos a estas compañías. Los lobies están presionando para tener legitimidad, porque si están trabajando para la ONU ellos reciben esa legitimidad. Aunque no tienen ninguna regulación, ni nacional ni internacional, y no les obliga a tener en cuenta, por ejemplo, el respeto de los derechos humanos.

A.G.-  El problema se inició con Afganistán e Iraq, cuando algunos expertos dicen que empezó a privatizarse la defensa

JL.G.P.- El caso de Iraq es particular, porque todos los contratistas tenían inmunidad diplomática por parte del administrador del país, que era Estados Unidos. Las autoridades iraquíes no podían hacer nada. Ese era un caso especial. Se está privatizando la guerra. Han encontrado el medio de decir, somo empresas legítimas, donde hay de todo, también hay gente muy seria. Pero como no hay disciplina pueden hacer de todo. Hay tráfico de armas, de mujeres. Estas empresas colaboraban con los talibanes y el congreso de Estados Unidos lo sabía y lo tienen documentado. Les pagaban o les daban armas a los talibanes para que les dejaran pasar. Es decir trabajan para Estados Unidos y para los talibanes.

A.G.-  Ustedes presentaron un proyecto para regularizar a esas empresas. ¿Qué respuesta han obtenido por parte de los estados?

JL.G.P.- Hace 6 años que empezamos a analizar el problema. Estas empresas iban a Latinoamérica, y ahora están buscando gente hasta en Fidji. Buscan mano de obra barata, porque los estadounidenses les sale más caro y los reservan solo para guardaespaldas a altos mandos, pero los policías y guardias que contratan vienen de países pobres. Tenemos el apoyo de los países del Tercer Mundo porque quieren que se regule a sus nacionales, pero los que se oponen a realizar un convenio internacional que regularice estas empresas son Estados Unidos y el Reino Unido, principalmente. También la Unión Europea. Esos países tienen muchas empresas y negocios. Suecia, por ejemplo, tiene la empresa G4S, una de las mayores del sector, que por cierto estaba encargada de la seguridad de los JJ.OO. de Londres y a última hora dijo que no podía ofrecer la seguridad y tuvieron que llamar a los militares. Los lobbies quieren autorregularse y nosotros decimos que no pueden autorregularse porque eso es responsabilidad de los estados nacionales y a nivel internacional, porque ellos son multinacionales, que pasan de una frontera a otra.

A.G.-  ¿Qué aspectos creen que deberían ser regulados por encima de todo?

JL.G.P.- Hay unas funciones que son del estado. Por ejemplo, las cárceles, la policía, el combate, eso no pueden dejarlo a estas compañías privadas. Tienen que ser militares. Los escándalos de Abu Graib, donde había trabajadores mercenarios haciendo interrogatorios y torturaban, no tenían ningun tipo de regulación y por tanto de responsabilidad penal. No eran ni militares. A los militares los han sancionado pero a estos trabajadores a ninguno. Hay funciones que no se pueden externalizar. Se pueden externalizar las guardias en garitas de centros militares, la repartición de comida en restaurantes militares, pero las labores que tienen que ver con las armas o el combate no.

A.G.-   ¿Y qué pasa con los derechos laborales de estos miles de trabajadores contratados como mercenarios?

JL.G.P.- Ellos les hacen unos contratos en los que pierden todos los derechos. Hemos analizado contratos de latinoamericanos que les obligaban a firmar en la sala de espera del aeropuerto, a punto de subir al avión. El original estaba en inglés y les daban una copia en español, pero ante una irregularidad contractual no podían acudir a la justicia de su país. Algunos de ellos los han devuelto muertos envueltos en un saco y sin ninguna indemnización de viudedad. En Bagdad les decían que iban a trabajar en la zona verde (la más segura) y lo envíaban a la roja (que es extremadamente peligrosa).

A.G.-   ¿Qué tipo de personas contratan?

JL.G.P.- Estas empresas reclutan a militares porque ya están formados. Entran en los cuarteles, porque los que llevan estas empresas son exmilitares. En Chile, uno de los contratistas era un militar seguidor de Pinochet, y se dieron cuenta porque muchos soldados se daban de baja. ¡Claro les ofrecía 3.000 dólares mensuales! y eso era lo que empezaron ganando, pero luego cuando ya había muchos, les bajaban a 1.000 dólares y cuando les sale muy caro se van a reclutar a africanos, que son mucho más baratos.

A.G.-  ¿Este negocio irregular es imparable?

JL.G.P.- Imparable no hay nada, pero hay que tener voluntad. Y se ve que hay mala voluntad, e incluso que va encontra de una regularización. Hay muchos países que se oponen al cien por cien. China o Rusia se ven venir las compañías y ellos quieren regular el sistema. También los países latinoamericanos, porque se le están yendo los militares que han formado.

A.G.-  Estamos hablando de unas empresas y unos negocios muy desconocidos.

JL.G.P.- Hay que alertar a la opinión pública para que presionen a los gobiernos, porque lo que está ocurriendo es muy grave. Al paso que vamos llegará el día en que los ricos, que lo pueden pagar, tengan seguridad y los pobres no la tendrán, porque los policías están en las empresas privadas. Ya está pasando en muchos países latinoamericanos y puede llegar a Europa. En América la seguridad de los barrios más conflictivos se abandona a la suerte de sus ciudadanos. En Honduras, estas compañías fueron al gobierno y le dijeron, ustedes necesitan seguridad y el gobierno dijo que ya la tenían. Las empresas les dijeron que iban a acabar necesitándola.   Al cabo de una semana había incendios y matanzas y pocos días después el gobierno firmaba acuerdos con ellos. Actúan como las mafias. La seguridad es un derecho humano de todos, de ricos y pobres y eso debe asegurarlo un gobierno.

Entrevista publicada en euroXpress el 4 de diciembre de 2012