Unos 120.000 millones de euros al año, una cifra ligeramente inferior al presupuesto anual de la UE, es el dinero que le cuesta a Europa las prácticas corruptas en la vida política y económica del continente. El último eurobarómetro ha sacado esta conclusión tras analizar las «Actitudes empresariales hacia la corrupción en Europa», aunque la cifra ni ha aumentado en relación al año 2013, ni ha disminuido.
A pesar de los mecanismos que se han implementado en los últimos años, uno de los problemas de que no se reduzca la corrupción, son los insuficientes controles, la falta de códigos éticos estrictos para los diputados y cargos públicos, y los contratos públicos en urbanismo e infraestructuras, en especial a nivel regional y local. Una de cada 4 compañías considera que la corrupción es un obstáculo para realizar negocios en su país, pero no creen que sea el mayor problema. Para el 67% de los empresarios los altos impuestos, la complejidad de los procedimientos administrativos y las legislaciones y políticas cambiantes, son el mayor freno a sus negocios.
Rumanos y griegos son los que consideran que la corrupción les afecta de una manera muy importante, para poder desarrollar sus empresas. Le siguen Bulgaria e Italia, mientras que España se sitúa en octavo lugar. Los países que menos notan los efectos de la corrupción son Dinamarca (2%), el Reino Unido (8%) y Suecia (11%). Para el 54% de los empresarios españoles las conexiones políticas son el único camino para garantizar el éxito de un negocio, lo que supone diez puntos por encima de la media comunitaria y el 77% de los empresarios consultados afirman que los sobornos facilitan la obtención de concesiones de servicios públicos.
La muestra se ha realizado en los sectores de energía, construcción, telecomunicaciones, ingeniería, finanzas y salud. Otros datos que ofrece esta encuesta paneuropea es que en España el 82% de los empresarios (en la UE la mayoría de las empresas son Pymes), acusan a las prácticas corruptas o a los favoritismos de obstaculizar la competencia, y más de la mitad (56%) cree que debido a esas praxis no han podido ganar licitaciones o concursos públicos.
El anterior eurobarómetro se realizó en 2013. La República Checa y Portugal, son los países que perciben que, en ese tiempo, más ha disminuido la corrupción, mientras que en Italia (11 puntos) y Bulgaria creen que ha aumentado. El 11% de los daneses aseguran que la corrupción es una práctica extendida en su país, mientras que la cifra alcanza al 98% de los italianos.
El Comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado que «la lucha contra la corrupción es un elemento importante de la agenda de la UE y una prioridad para nuestros ciudadanos. Unas medidas eficaces de lucha contra la corrupción son elementos fundamentales de nuestras políticas, ya que la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en nuestro proyecto europeo común. Si la corrupción se demuestra, o incluso se sospecha, puede socavar los cimientos de nuestras instituciones democráticas y ser un obstáculo importante al crecimiento económico».
El informe analiza los países de la UE, pero no a las instituciones comunitarias, acusadas por los grupos antilobbies de prácticas poco transparentes en su relación con las empresas que asesoran al ejecutivo comunitario. Hace unos meses la ONG «Transparencia Internacional», elaboró un estudio en el que concluía que la desregulación del lobby en Europa facilitaba las injerencias indebidas en política. De 19 países analizados, solo 7 tenían algún tipo de legislación o regulación específica sobre estas empresas y organizaciones, la mayoría multinacionales. En este informe se recordaba que «sin normas y regulaciones claras y exigibles, puede ocurrir que un grupo reducido de actores con mayores recursos económicos y contactos, dominen las decisiones políticas, generalmente en beneficio propio».