Las familias mantienen el sistema fiscal español

El 84% de la recaudación fiscal del Estado español en 2016 procedía de las familias, mientras que las empresas aportaron solo el 13%. Hace 10 años, en 2007, el esfuerzo fiscal de los hogares representó el 75% del total recaudado, y el de las empresas, el 22%.

Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, recuerda que el año pasado la recaudación del Impuesto de Sociedades había caído un 58% respecto a niveles previos a la crisis, y la evolución del peso de los impuestos de las familias sobre el total de la recaudación fiscal demuestra «cómo el sistema incrementa la desigualdad y fomenta la concentración de la riqueza». En España, solo tres personas poseen la misma riqueza que el 30% más pobre del país, mientras que a nivel mundial ocho fortunas acumulan los mismos recursos que 3.600 personas, el 50% de población más pobre.

Como ya ha hecho en anteriores ocasiones, coincidiendo con la celebración de la cumbre de Davos, la Organización No Gubernamental Oxfam Intermón, ha presentado dos informes sobre desigualdad económica en España y el mundo.  La brecha se ha agravado además durante los años de crisis, pues mientras las tres personas más ricas de España han aumentado sus recursos un 3%, las más pobres los vieron caer en un 30%,  es decir, tienen lo mismo que 14,2 millones de habitantes. Se trata del fundador de Inditex, Amancio Ortega; su hija, Sandra Ortega Mera, y el presidente y principal accionista de Mercadona, Joan Roig, que en conjunto poseen la misma riqueza que todos los habitantes de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntos.

La misma tendencia se aprecia a nivel mundial, lo que demuestra «como el resultado de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, es que los pobres son cada vez más pobres». En opinión de Ruiz, esto se debe a que el sistema impositivo se centra sobre todo en las rentas del trabajo y en figuras regresivas sobre el consumo, que «afectan a todos por igual».

Esto resulta «especialmente preocupante en España», donde las rentas del capital y los dividendos empresariales apenas cotizan, por lo que, según el estudio, la redistribución de riqueza se lleva a cabo a través de la inversión pública, y no mediante una política fiscal progresiva. Muchas políticas de protección social además «están mal enfocadas y no llegan a las personas que más las necesitan».

El estudio concluye que la mayor parte del gasto social corresponde al pago de subsidios por desempleo y pensiones, pero hay una parte muy importante de población vulnerable, como parados de larga duración, inmigrantes sin papeles, víctimas de violencia, que no tienen acceso a ellos.

La responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, ha criticado que ciertas ayudas se conceden de forma universal, con independencia de la renta, y que otras muchas se articulan a través de bonificaciones fiscales, «cuando aquellas personas que ganan menos de 12.000 euros al año, precisamente las más necesitadas, no hacen la declaración de la Renta y, por tanto, no se benefician de ellas».